Desde 2018 he trabajado como orientadora educativa en distintos centros de secundaria en Cataluña, coincidiendo con los primeros años de implementación del decreto de escuela inclusiva. Este período me ha permitido observar de forma directa las transformaciones estructurales del sistema educativo y sus efectos tanto en la convivencia escolar como en la identidad profesional docente.

Fragmentación institucional y convivencia

En los últimos años se ha evidenciado un aumento de la fragmentación en la convivencia escolar. Este fenómeno puede explicarse por múltiples variables interrelacionadas: el incremento de la diversidad cultural sin recursos suficientes de integración, la progresiva pérdida de una identidad educativa compartida, la ambigüedad en los valores institucionales y la falta de liderazgo pedagógico efectivo en los centros.

La gestión de los equipos humanos resulta, en muchos casos, insuficiente. La ausencia de una dirección clara y cohesionadora impacta directamente en el clima escolar y en la capacidad institucional para abordar conflictos de manera estructurada.

La complejidad de este entramado institucional y humano ha sido retratada con especial intensidad en la película francesa La acusación (2024), donde se narra el proceso de desgaste profesional de un profesor de secundaria tras una acusación que desencadena una espiral institucional difícilmente manejable. La obra se inscribe en una tradición del cine francés contemporáneo que ha abordado de manera reiterada las tensiones institucionales y los dilemas éticos en contextos educativos y judiciales, como Entre les murs (2008) o La cour de Babel (2014), que exploraron la diversidad cultural y la fragilidad de la autoridad pedagógica, y más recientemente Anatomie d’une chute (2023), centrada en la crisis de legitimidad en el ámbito judicial. En conjunto, estas producciones funcionan como espejo cultural de una crisis más amplia de confianza en las instituciones públicas.

Incentivos administrativos y disonancia pedagógica

La estructura administrativa, basada en la estabilidad funcionarial y en sistemas de méritos acumulativos —como los sexenios vinculados a formación reconocida— no siempre se encuentra alineada con los objetivos pedagógicos sustantivos. Con frecuencia se priorizan indicadores formales y administrativos sobre mejoras cualitativas en la práctica educativa.

A ello se suma una tendencia preocupante en secundaria: la promoción de alumnado con múltiples materias suspendidas, lo que debilita la cultura del esfuerzo y genera disonancias entre evaluación formal y aprendizaje real. Paralelamente, el temor institucional a conflictos con familias o alumnado condiciona decisiones que afectan a la autoridad docente y erosionan el clima escolar.

Salud mental y sobrecarga del profesorado

La creciente presencia de problemáticas de salud mental en la adolescencia se produce en un contexto de escasa coordinación entre los sistemas educativo y sanitario. La falta de recursos en salud pública —incluida la insuficiencia de profesionales de la psicología y la priorización de indicadores cuantitativos frente a la calidad terapéutica— repercute indirectamente en los centros educativos.

En noviembre se celebró en Barcelona la primera jornada de profesionales de los CSMIJ de Cataluña, donde se presentó un manifiesto denunciando la sobrecarga estructural y el deterioro progresivo de la atención en salud mental infantojuvenil. El documento subrayó el aumento de la demanda y de la complejidad clínica sin un incremento proporcional de recursos humanos y estructurales, así como el exceso de burocratización y la primacía de indicadores productivos sobre la calidad asistencial.

Trasladando este escenario al ámbito educativo, se deposita implícitamente en el profesorado la expectativa de asumir funciones de acompañamiento psicológico para las que no siempre dispone de formación específica ni de recursos adecuados. Conviene recordar que los docentes no reciben formación sistemática en psicología clínica, psicología social o dinámicas grupales. Estas competencias no pueden adquirirse mediante uno o dos cursos breves; requieren una formación estructurada y una transformación de la mirada profesional.

La consecuencia es doble: por un lado, se produce una sobrecarga que desdibuja el rol docente; por otro, emerge un uso impreciso de conceptos psicológicos que puede generar intervenciones poco rigurosas. En algunos casos, opera además un sesgo de conocimiento: la percepción de competencia en ámbitos para los que no se dispone de formación sólida.

La necesidad de una perspectiva sistémica

En este contexto, la figura del psicólogo educativo podría desempeñar un papel estratégico, no solo como recurso individual de atención, sino como agente de intervención sistémica capaz de articular respuestas integrales desde un enfoque biopsicosocial y comunitario.

La complejidad actual exige una coordinación efectiva entre Educación, Sanidad y Servicios Sociales, así como políticas de plantillas adecuadas y presupuestos coherentes con las necesidades reales de los centros. Sin una articulación intersectorial sólida, la carga seguirá desplazándose de manera informal hacia el profesorado.

Conclusión

Los centros educativos reflejan las tensiones de la sociedad en la que se insertan. La fragmentación institucional, la pérdida de referentes comunes y la ausencia de abordajes multidisciplinares no constituyen fenómenos exclusivamente educativos, sino síntomas de una complejidad social creciente, que es necesario abordar dotando de recursos reales y profesionalizados.